Financiamiento de Plan Control Territorial entrampado en la Asamblea Legislativa.

A pesar del éxito del Plan Control Territorial demostrado en el descenso en el índice de homicidios y otros delitos como extorsión, dos préstamos destinados a dar continuidad a dicha estrategia de seguridad, siguen estancados en el parlamento salvadoreño.

“Los datos nos indican que la seguridad pública va por el rumbo correcto. Hemos tenido la capacidad de sostenerlo en el tiempo, a pesar de que no hemos recibido un solo (préstamo) cinco para el Plan, los cuales en su momento se llevaron a la Asamblea Legislativa”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas.

El Plan Control Territorial ha demostrado tanta efectividad en la praxis, que países de la región como Guatemala han emulado estrategias de seguridad muy similares.

Se espera invertir 575.2 millones de dólares en la implementación del plan, de estos, $200 millones que serán financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), estos se dividirán en $91 millones para la segunda fase denominada “Oportunidad” y $109 millones para la tercera fase llamada “Modernización”.

A pesar de que en reiteradas ocasiones el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, ha explicado el destino que tendrían dichos préstamos, no ha logrado obtener el visto bueno de los diputados para la aprobación del préstamo. En detalle, de acuerdo con Fuentes, el crédito se desglosaría de la siguiente manera: $25.9 millones para equipamiento, video vigilancia e infraestructura; $46.9 millones para movilidad estratégica; $2.6 millones para infraestructura, mobiliario y equipamiento médico; $17.4 millones para equipo táctico; $12.9 millones para equipo medico y $3.3 millones para la administración de los fondos.

Para cada uno de los préstamos en cuestión, se necesita tres votaciones de los diputados, una para la subscripción del contrato, otra para su ratificación y una última para la incorporación de los fondos al Presupuesto General de la Nación, se detalló que para el préstamo de $91 millones, hacen falta dos votaciones, mientras que el de $109 millones no cuenta aún con ninguna.

Tal parece, que el gobierno de presidente Nayib Bukele, se ha topado con la intransigencia burocrática de la oposición, que se ha aliado, en un esfuerzo sostenido por sabotear todas las iniciativas encaminadas al bienestar de la sociedad salvadoreña.