FGR presenta abundante prueba documental y reitera a jueza petición de cárcel contra exfuncionarios del FMLN

La Fiscalía General de la República reiteró su petición de detención provisional contra nueve exfuncionarios del ministerio de Justicia y la dirección de Centros Penales, entre ellos ex el ministro Mauricio Ramírez Landaverde, acusados del desvío de más de $14 millones en tiendas penitenciarias.

La fiscal del caso informó que dicha petición fue reiterada esta madrugada durante la audiencia preliminar que inició ayer en el Juzgado 6to. de Paz de esta capital.

“Fiscalía solicita que pase a la etapa de instrucción con detención provisional para todos”, señaló la fiscal quien agregó que la fase de instrucción comprenderá un período de no menos de seis meses.

Añadió que “en la audiencia se presentó tanto la prueba documental y se ofreció la prueba testimonial. Hará las valoraciones pertinentes la señora jueza de acuerdo a cada caso”, apuntó la fiscal.

Los involucrados son el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; el viceministro de Justicia, Raúl López, el exdirector de Centros Penales, Marcos Tulio Lima y el resto de involucrados.

Los detenidos son vinculados a ASOCAMBIO, una oenegé creada por exfuncionarios del FMLN con la cual se habrían cometido una serie de ilícitos en las tiendas penitenciarias con la cual se beneficiaron económicamente.

ASOCAMBIO fue fundada en el año 2018, en el segundo gobierno del FMLN, dirigido por Salvador Sánchez Cerén, ahora nacionalizado nicaragüense y prófugo de la justicia salvadoreña, por lavado de dinero y activos.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo la semana pasada que, según las investigaciones, el mecanismo de corrupción que involucra a estos exfuncionarios contribuyó entre otros a un incremento del delito de extorsiones durante los gobiernos del FMLN.

Delgado señaló que a través de estas tiendas penitenciarias permitieron “que un privado de libertad pudiera tener en su poder en el interior del sistema penitenciario” hasta $300 mensuales, contrario con la ley penitenciaria.

“Eso tuvo un efecto en las calles de alguna manera y esto coincide precisamente con los incrementos de las extorsiones que se daban en los diferentes barrios, en las diferentes colonias, empresas, a las diferentes personas”, indicó el fiscal Delgado.

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