Lisandro Quintanilla, abogado defensor de los militares señalados de perpetrar la masacre de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en 1989, en la que murieron seis jesuitas y dos de sus colaboradoras, afirmó que el caso ha sido cerrado definitivamente por la Sala de lo Penal.
Esto deja en la impunidad, además de los autores intelectuales, al diputado por el PDC, Rodolfo Parker, quien ha sido señalado de encubrir a quienes dieron la orden de asesinar al sacerdote español Ignacio Ellacuría.
Autoridades de la UCA han interpuesto varios recursos para que se investigue la participación de Parker, ya que fue parte de la comisión de honor que instaló en el entonces presidente Alfredo Cristiani, con miras a investigar los hechos ocurridos en esa casa de estudios.
Según el exrector de la UCA, José María Tojeira, tuvo una conversación con Parker donde reconoció que no informó al juez de la causa, llevada a cabo en España, que había escuchado del coronel Guillermo Benavides que había luz verde para asesinar a Ellacuría, entonces rector universitario.
Parker, quien es uno de los más férreos críticos del Gobierno actual, también tiene sobre sus hombros el haber recibido durante la administración de Mauricio Funes, prófugo de la justicia, $30,000 mensuales para hablar positivamente sobre ese gobierno, como consta en investigaciones periodísticas.