Acción Ciudadana, integrante de un grupo de organizaciones de derecha y de izquierda, se unió a las críticas por la sorpresiva elección de tres magistrados suplentes de Corte Suprema de Justicia, pero casualmente se olvidó de sus tradicionales solicitudes de inconstitucionalidad
Para esta oenegé dicha elección de parte de la oposición legislativa se realizó en el marco de un “proceso poco transparente, donde no hubo deliberación pública, ni se dieron a conocer los criterios objetivos para ponderar a cada candidato y proceder a la elección”.
“Se desconocen las razones que llevaron a la comisión política (de la Asamblea Legislativa) a decantarse por los profesionales electos”, señaló la oenegé que dirige el abogado Humberto Sáenz y su bufete.
Los magistrados electos fueron Alfredo Rigoberto Méndez Peralta quien sustituirá la magistratura de Ricardo Iglesias; David Omar Molina Zepeda y Óscar Antonio Canales, ambos concluirán su periodo el 23 de septiembre de 2024.
Dicho proceso fue duramente criticado por distintos sectores que consideraron como el último reparto de funcionarios de Arena y el Fmln, dos partidos políticos mencionados en casos de corrupción y malversación de fondos públicos en sus 30 años de gobiernos.
El Presidente Nayib Bukele se unió a las críticas contra los diputados y se refirió a los supuestos defensores de la democracia salvadoreña quienes no se han pronunciado.
“Ya todos nos dimos cuenta que aquí los famosos “baremos” solo sirven para meter funcionarios corporativos y para sacar a los que no responden a los intereses de sus financistas. Por eso todos ellos están en silencio y los pocos que hablan lo hacen para defenderlos. Cínicos”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, dijo que “ARENA y el FMLN se fueron dos horas a ponerse de acuerdo (para la elección). Eso ya no puede existir. La elección debe ser a la luz de la población. Eso es incorrecto”.
Para el diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático la lección a última hora de magistrados de la CSJ fue claramente un “procedimiento ilegal e inconstitucional. Calladitos todos los que vociferan con baremos y que exigen transparencia”.