La Cámara 1° de lo Civil de San Salvador determinó este miércoles que Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad, y su grupo familiar deberán devolver al Estado $109,555.87 con los que se enriquecieron ilegalmente.
De acuerdo a la sentencia, Benito Lara tampoco podrá ejercer cargos públicos durante 10 años.
La sentencia determinó que Benito Lara deberá devolver $39,253.23; mientras que Ana Emilia Zelaya de Lara, cónyuge, devolverá $2,000.00, y su hija Ileana Briseida Lara Campos 68,302.64.
El exfuncionario se desempeñó como diputado de la Asamblea Legislativa entre el 2009 y 2014 y como Ministro de Justicia y Seguridad del 2014 al 2017.
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