A partir del incendio generado en la ex fábrica de Baterías Record en Sitio del Niño el pasado 2 de agosto, se ha generado una crisis ambiental que de acuerdo con especialistas pudo haberse evitado, si la ex ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, del gobierno del FMLN, hubiese acatado la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la cual indicaba la remoción de toda escoria y material contaminante del lugar donde funcionó la planta.
Lo paradójico en este caso es que la ex ministra solicitó al gobierno un monto de 25 millones de dólares para realizar dicha remoción, sin embargo, nunca se llevó a cabo aún cuando la planta generó daños ecológicos que se volvieron palpables en la población y se hicieron públicos en 2003. Como consecuencia del impacto ambiental que dicha industria había generado en la zona se clausuró la fábrica hacía 2007.
En el año 2010 el MARN declaró una emergencia ambiental por contaminación cuyo origen era el plomo utilizado en la manufactura de las baterías; de forma tal que se estableció un radio de 1,500 metros alrededor de la planta en Sitio del Niño, San Juan Opico. Dicha situación generó mucha preocupación a nivel ecológico debido a que se sabe que el plomo puede penetrar las capas freáticas y muy cerca del área de encuentran los pozos de ANDA (Agua Escondida) que abastecen la zona norte del gran San Salvador.
En el año 2015 una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó el retiro de desechos tóxicos del área de forma inmediata en el cual debían intervenir el MARN, Ministerio de Salud y la Alcaldía de San Juan Opico, en ese momento la ministra Lina Pohl solicitó $25 millones de dólares para poder ejecutar la remoción del material, el cual nunca se llevó a cabo.
Todo parece indicar que la ex ministra de Medio Ambiente por el FMLN, deberá de rendir cuentas sobre el destino del presupuesto que se entregó; así mismo, existe la posibilidad de que se apertura un proceso judicial por el delito de Desobediencia e Incumplimiento de Deberes frente a la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional en 2015.
El ex ministro de Economía Miguel Lacayo (1999-2004) durante la gestión gubernamental de Francisco Flores (ARENA), es señalado como propietario de dicha empresa junto a miembros de su familia, fueron absueltos de responsabilidad sobre el desastre ambiental, se presume que hubo manipulación judicial y tráfico de influencias del gobierno las que permitieron a los Lacayo salir avante sin pagar consecuencias.