Muyshondt también tiene entre otros una deuda por más de 12 meses al no trasladar las retenciones salariales de los trabajadores y AFP, que está afectando a un promedio de 5,000 colaboradores.

Por medio de una carta enviada este 18 de febrero, la empresa de recolección, transporte y disposicional final de desechos sólidos MIDES exigió al alcalde de San Salvador que pague la deuda que tienen con la empresa, que asciende a $5.4 millones.

La empresa afirma que la medida cautelar impuesta por un Juez Ambiental de Santa Tecla, en la cual se ampara Muyshondt para no cancelar la millonaria deuda, quedó sin efecto el pasado 25 de enero, por lo cual la comuna ya no tiene pretexto para retrasar el pago de los adeudado.

“Por consecuencia, no existen los efectos que malintencionadamente pretende emplear la alcaldía, para no responder por los servicios que se les presta a través de la empresa”, advierte la carta firmada por la gerente general de MIDES, Sonia Elizabeth López.

La compañía criticó que la comuna esté pretendiendo que se le brinde un servicio por el cual la empresa no está percibiendo ningún beneficio económico, resultando afectada en sus finanzas, señala la misiva.

“No solo no se obtiene utilidad alguna, sino que está consumiendo nuestros recursos para prestar un servicio que irresponsablemente no cancela (Muyshondt)”, expresó la gerente.

Asimismo, consideró “grave” que la alcaldía tenga una tasa municipal para la disposición final de los desechos que está siendo utilizada “indebidamente”, ya que la Corte de Cuentas ha determinado que la comuna contó con esos fondos para poder horrar su deuda con la empresa y no lo ha hecho aún.

“Es importante aclarar que somos una sociedad de economía mixta y sin ningún interés político, por lo que consideramos necesario reiterar que nuestra acción está encaminada a exigir el pago del saldo adeudado, no así a un propósito electoral como lo ha querido señalar el señor alcalde”, agrega la representante de MIDES.

Asimismo, Muyshondt también tiene una deuda por más de 12 meses al no trasladar las retenciones salariales de los trabajadores para pago de deudas y AFP, lo que está afectando a un promedio de 5,000 colaboradores, quienes ya están comenzando a ser embargados por el impago a la bancada privada.