El excoordinador general del Fmln, Medardo González, califica de «presos políticos» a los exfuncionarios efemelenistas del Gobierno del prófugo de la justicia, Mauricio Funes, procesados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y a los que el juez encontró suficiente prueba para enviarlos a prisión.
«Los primeros presos políticos desde el final de la guerra son los ex funcionarios de Funes y son víctimas de un acoso de parte del gobierno», dijo González en una entrevista radial brindada esta mañana.
Los «presos políticos» a los que se refiere González son el exministro de Hacienda Carlos Cáceres, acusado de aceptar pagos ilegales por $210 mil; la exministra de Salud, Violeta Menjívar, procesada por recibir $177 mil de dinero adicional a su sueldo; el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía, quien habría recibido $208 mil bajo el mismo esquema; el exviceministro de Agricultura; Hugo Flores, señalado de aceptar $174 mil sin respaldo legal, y la exviceministra de Educación, Erlinda Hándal, enjuiciada por aceptar $162 mil de pagos sin respaldo legal.
Al demostrar con pruebas contundentes la Fiscalía, terminaron aceptando que sí recibieron el dinero, pero cambiaron el discurso de que «los sobresueldos son legales».
Los exfuncionarios han sido recluidos en el penal de Mariona y Cárcel de Mujeres, luego de que la Fiscalía General de la República(FGR) obtuviera evidencias fundamentadas de que recibieron los pagos ilegales provenientes de la denominada «partida secreta», que fue eliminada por el Presidente Nayib Bukele.
Además de los cinco exfuncionarios del primer gobierno del Fmln encarcelados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, a los que González llama presos políticos, hay otros cuatro efemelenistas y un exaliado, reclamados por la justicia salvadoreña por el mismo motivo, pero que están prófugos.
Estos son, el expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien recibió $530 mil de pagos ilegales durante su gestión como exvicepresidente de Funes; el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, señalado de recibir $290 mil provenientes de la partida secreta, la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, acusada de aceptar pagos ilegales por $177 mil; Manuel Melgar, exministro de Seguridad, con $150 mil, y el expresidente de CEPA, Guillermo López Suárez; acusado de recibir $565 mil en pagos sin sustento legal.
A pesar de las evidencias, González insiste en calificar el proceso como persecución política. «EL FMLN tiene la obligación de pelear y denunciar, no deben agachar la cabeza ni hacerse los locos y creo en la unidad del FRENTE que no tiene arreglos con el adversario y no dejarse doblegar», afirmó.
Sin embargo, hasta la fecha, ningún organismo local ni internacional se ha pronunciado en contra del proceso judicial a los exfuncionarios efemelenistas ni ha catalogado su detención como «persecución política» o a los detenidos como «presos políticos».
Otros políticos de oposición como el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el exdiputado Norman Quijano y los actuales diputados areneros Rodrigo Ávila y Margarita Escobar, investigados o procesados por diferentes delitos, también se han presentado como «perseguidos políticos».