Según el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas regionales, el plan que el Gobierno implementó para enfrentar la pandemia de coronavirus fue acertado.
En marzo de 2,020, tras el ingreso del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente Bukele y su gabinete iniciaron la aplicación de estrategias para brindar la mejor atención médica, y al mismo tiempo, salvar la economía nacional. Luego de varios meses, los resultados dan fe que esas decisiones fueron correctas.
El FMI, en su informe de Perspectivas Económicas Regionales, resaltó que los países de Latinoamérica y el Caribe recurrieron a una combinación de medidas “destinadas a afianzar los sistemas sanitarios, apuntalar los ingresos de los hogares y las empresas y evitar compresión del crédito”. En el caso de El Salvador, la Presidencia de la República fortaleció toda la cadena de atención sanitaria: prevención, atención y seguimiento.
Incluso enfrentando adversidades económicas, el Ejecutivo fue capaz de progresar en la construcción del Hospital El Salvador, la de nosocomios temporales, la intervención en toda la red por más de $28 millones, la disponibilidad de medicamentos para los pacientes, la toma de pruebas y personal de primera línea.
De forma paralela, el Gobierno entregó $300 en bono para 750,000 familias, paquetes alimentarios y artículos de primera necesidad, facilidades de pago para los servicios básicos y financieros. Además, el sistema de Protección al Consumidor redobló esfuerzos para evitar abusos en el mercado; con el mismo espíritu, el comercio exterior (para las empresas autorizadas) se mantuvo fluido, gracias a la eficiencia de los equipos institucionales encargados.
La Presidencia también creó el Fideicomiso para la Recuperación de las Empresas (Firempresa) para inyectar capital a las mipymes desde abril, empero, la Asamblea Legislativa nunca le autorizó los recursos, de modo que el Gobierno buscó encontró soluciones para financiarlo por otros medios.
De acuerdo a las estadísticas del FMI, El Salvador es una de las economías emergentes que con más fuerza le apostó a estas medidas de estímulo, que hasta octubre, representan un poco más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta es la mayor proporción de estímulos en comparación con el PIB del istmo centroamericano, según los cuadros del FMI.
Todos estos esfuerzos son coherentes con lo que el FMI destaca como decisiones acertadas. “Estas medidas excepcionales son cruciales para apoyar la actividad económica a fin de evitar desaceleraciones económicas aún más fuertes y repercusiones sociales más severas”, enfatizó el FMI. Según información del Ministerio de Hacienda, el Órgano Ejecutivo ha erogado al menos $1,422 millones desde que inició el período extraordinario por el COVID-19. Como contraste, los diputados han liberado nada más USD 600 millones en desembolsos, de los cuales, solo $307 millones quedaron disponibles para el oficialismo. Los demás han sido recursos recolectados por la Presidencia de la República, mediante distintas operaciones internas, dentro del marco de la ley.
Sin este conjunto de medidas, los efectos en la economía, en general, serían más graves. “Las estimaciones del personal técnico indican que el efecto macroeconómico de las medidas fiscales, si se implementan en su totalidad, será considerable, y en el transcurso del año elevaría el nivel de PIB real de la región en alrededor de 6.7 por ciento, en comparación con un escenario en el que no se adopten medidas fiscales”, recalcó el FMI. En el caso de El Salvador, el principal obstáculo es el boicot de los partidos ARENA y FMLN que, junto al diputado Rodolfo Parker, bloquean los desembolsos para invertir en Agricultura, vivienda, Obras Públicas y en restituir ingresos fiscales.
En el transcurso del año el Presidente Bukele ha demostrado que no permite que los bloqueos políticos impidan la ejecución de obras para bienestar social y desarrollo económico; no obstante, se requiere que los parlamentarios comprendan el sentido de urgencia que implica contar con el oportuno financiamiento adecuado.