La diputada del partido FMLN, Anabel Belloso, dijo a medios de prensa que la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de abrir el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA, es con fines políticos, pese a que la Sala explicó que toda persona y sociedad tiene el derecho de conocer la verdad sobre esos hechos, las circunstancias en que ocurrieron y quienes son los implicados de forma directa e indirecta.
Según Belloso, con la apertura del caso de los Jesuitas se estaría generando una cortina de humo para desviar la atención, sin embargo, durante los diez años que el FMLN estuvo en el poder, los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén no se preocuparon porque se conociera la verdad de los hechos, y de esa forma llevar a la justicia a los implicados directos e indirectos. Lejos de ello, hubo una especie de alianza para que el caso se diera por cerrado en El Salvador.
A manera de defender a los señalados en el caso de la masacre de los jesuitas, Anabel Belloso, se escuda en decir que el gobierno no ha permitido conocer otros casos de lesa humanidad, pero se pierde en que la apertura del caso del asesinato de los jesuitas lo pide la Sala de lo Constitucional y a solicitud del fiscal general, Rodolfo Delgado, donde el gobierno de Nayib Bukele Ortez no tiene nada que ver.
Incluso, la diputada del partido FMLN expuso que los diputados de Nuevas Ideas negaron el indulto a Guillermo Alfredo Benavides Moreno, uno de los principales involucrados en ese asesinato y para lo cual dijo que, “ellos querían dar la percepción de que ellos tienen un compromiso con este tema y que no lo tienen”.
Con la apertura del juicio de la masacre de los jesuitas, se espera llevar a la justicia a los involucrados del asesinato de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina Ramos, colaboradoras de los religiosos.
Los señalados por los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien fue condenado a 133 años de cárcel en España.