El Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han presentado una serie de iniciativas con el objetivo de modificar la estructura del sistema de justicia, reducir los costos al Estado y que los criminales puedan ser juzgados con mayor celeridad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que cuando se solicitó la prórroga del régimen de excepción se introdujeron varias reformas desde lo estructural enfocadas en fortalecer el combate que se da a los grupos delictivos y no únicamente en un individuo delincuente.
“Era curioso, pero el sistema de justicia normal tenía más de 350 tribunales y los jueces especializados, que son los encargados de hacer justicia en caso de criminalidad organizada, eran solo 11. Estaba claro que no era prioridad”, expuso Villatoro.
Algunos de los cambios propuestos es que cuando los acusados sean grupos organizados sea directamente un juez especializado el que lleve el caso de principio a fin y que no se estén sacando a los acusados a otros procesos, ni siquiera si son menores de edad.
En el caso de los menores infractores continuarán el proceso junto a los adultos, pero seguirán sujetos a su régimen de justicia con las leyes adecuadas a ellos, pero no se perderá tiempo pasándolos a otros jueces.
“La reforma permitirá que la gradualidad (de la pena) sea en base a la actividad criminal que tenga el miembro de la estructura que está siendo sometido a la justicia”, agregó Villatoro.