A pesar de que el gobierno ha logrado concretar un 76% de la ejecución de FOMILENIO II, el programa está en riesgo de perderse debido a la falta de voluntad política de los diputados de oposición en el parlamento.
El Salvador y Estados Unidos han trabajado de la mano en la ejecución de FOMILENIO II desde el año 2015, un programa con importantes elementos para el desarrollo del país a partir de la contribución norteamericana que asciende a $277 millones de dólares, además de contribuciones de carácter técnico.
El Salvador adquirió el compromiso de aportar una contrapartida para la ejecución del programa que asciende a $135 millones, de acuerdo con Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, “de los $135 millones que ellos (Fmln) tenían que haber presupuestado, invirtieron únicamente $24 millones”, a lo cual añadió: “Las obras de parte de FOMILENIO II estaban detenidas porque no había un apoyo institucional ni técnico por parte del gobierno del (ex) presidente Salvador Sánchez Cerén”.
De acuerdo con Argueta, la falta de ejecución durante la gestión del FMLN se debe a que parte de los fondos fueron a parar a la partida secreta, por la cual se ha interpuesto un aviso penal ante Fiscalía.
Luego de superar las dificultades que trajo la pandemia, el programa de cinco años logró la casi totalidad de implementación en septiembre, gracias a los esfuerzos de la actual gestión.
De acuerdo con el convenio, la fecha prevista para cerrar la utilización de los fondos captados como donación es el 7 de diciembre. Sin embargo, estos logros ahora quedan en suspenso con la decisión que tomaron los diputados de oposición, misma que ha creado un limbo jurídico, el cual deja en amenaza la ejecución de cuatro importantes proyectos del programa.
De acuerdo con las autoridades de Hacienda, los diputados deberían aprobar en los siguientes días $50 millones de dólares provenientes de préstamos que ya ratificaron para poder ejecutar lo que resta del programa y con ello no quedar mal ante uno de los principales socios estratégicos a nivel internacional; sin embargo, dicha decisión queda supeditada a la buena voluntad política de los parlamentarios.