El caso de la planta de Baterías de El Salvador, con su marca comercial Récord, ha destacado en los últimos 13 años porque es sinónimo de impunidad, no solo en material legal, sino que también por una cuestión ambiental que ha generado un impacto en la zona del cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, ya que nunca se retiró la escoria y el material con plomo por la complicidad de gobiernos anteriores con la familia Lacayo, quienes eran propietarios de esa planta.
En el año 2007 el Ministerio de Salud ordenó un cierre de la planta, pero se hizo un mal procedimiento: no contó con un plan de cierre y hubo negligencia de muchas instituciones del gobierno para garantizar un protocolo adecuado, en un lugar con ácidos contaminantes y alta concentración de plomo, que combinados crea un problema mayor para la salud de los lugareños.
Ocho años después, la Sala de lo Constitucional, en sintonía con los propietarios de la ex planta, emitió una resolución donde los eximió de la responsabilidad y del costo que conlleva retirar la escoria y los restos de plomo del lugar, trasladando eso al Gobierno, que, durante la gestión de la ex ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, no se realizaron acciones para eliminar las escorias: solo se hicieron estudios y otros documentos, pero nunca se dio una solución real para favorecer el entorno y a las comunidades.
En el lugar, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y de organizaciones ambientalistas, hay 40 mil toneladas de escoria, cenizas y otros desechos que son tóxicos, tanto para el ser humano como para el entorno, ya que generan un problema en la tierra, contamina los mantos acuíferos y daña la calidad de agua.
El pasado 2 de agosto los Bomberos se atendió un incendio en el lugar que no afectó mas el entorno ambiental.