El analista político apoya la destitución de los antiguos magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la nueva Asamblea Legislativa, porque sostiene que defendían los intereses de la oligarquía.
“Teníamos una sala que estaba al servicio de los grupos de poder tradicionales del país”, aseguró esta mañana el politólogo Juan José Martel, durante una entrevista matutina.
El pasado 1 de mayo la nueva legislatura del parlamento, en su mayoría integrada por Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, Raúl Melara.
Pese a que la oposición alega que el proceso no fue apegado a derecho, la carta magna faculta a los parlamentarios tanto a destituir como a nombrar nuevos funcionarios. Además, había razones de peso para su remoción de los cargos.
La Sala de lo Constitucional bloqueó innumerables iniciativas del oficialismo en favor de los salvadoreños, muchas de ellas encaminadas a salvaguardar la salud y la vida de la población, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
También emitieron sentencias para evitar que los oligarcas enfrentaran procesos penales, como cuando ordenaron suspender las investigaciones en torno a la presunta evasión fiscal por concepto de $5.3 millones de la empresa INTRATEXT, propiedad del presidente de la ANEP, y exprecandidato presidencial perdedor del partido ARENA, Javier Simán
Del mismo modo, declararon inconstitucional el nombramiento de Roberto Anzora como presidente de la entidad, pero dictaminaron que debía continuar ejerciendo sus funciones.
El congreso también destituyó al fiscal con suficiente justificación. Aunque el Fiscal General de la República debería ser apolítico, Melara había pertenecido al partido ARENA, y durante su período al frente de la Fiscalía hizo poco o nada para fundamentar investigaciones robustas, que lograran que individuos de los que había fuertes indicios del cometimiento de delitos fueran procesados.
Tal es el caso de Norman Quijano y Ernesto Muyshondt, de los cuales existe prueba videográfica de sus negociaciones con pandillas; o Adán Perdomo, el alcalde de Ilopango que hurtó cientos de paquetes alimentarios, para desmantelarlos y hacer pequeñas bolsas con propaganda para entregar a los ciudadanos. Los paquetes fueron encontrados en una sede de su partido, ARENA.
Para el analista político, Juan José Martel, la antigua Sala de lo Constitucional forma parte de un pasado de corrupción, al que el país no debe volver; puesto que, según él, solo trabajaban para el grupo hegemónico que por años se ha enriquecido a expensas del empobrecimiento del pueblo.