Desde que El Salvador no tiene una cuarentena domiciliar nacional los casos de contagio de COVID-19 se han incrementado exponencialmente. Solo en julio se contagiaron 8,269 personas, es decir un promedio de 319 cada día.
La curva de contagios describe una línea ascendente que ha alcanzado un total de 15,035 casos y la tendencia se mantiene.
De continuar en la misma situación en las próximas semanas podría colapsar el sistema hospitalario público ante la avalancha de pacientes que requieren ser hospitalizados.
La alternativa más viable para evitar los contagios masivos entre la población, sin duda, es regresar a una cuarentena domiciliar nacional y que la población cumpla con el confinamiento de forma estricta.
La cuarentena domiciliar nacional estuvo vigente en el país durante 85 días, en ese tiempo la curva de casos se mantuvo estable con promedio de 70 y 100 por día. El 14 de junio fue suspendida debido a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le quitó herramientas legales al Ejecutivo.
Mientras que la Asamblea, en las semanas posteriores, no ha aprobado un régimen de excepción ni una ley de emergencia, propuestas por el Gobierno y que son necesarias para poder proteger a la población.
“Desde que se terminó la emergencia (cuarentena) los casos se han incrementado exageradamente, de hecho, en San Miguel, el comportamiento de la enfermedad en las últimas cuatro semanas se ha visto un incremento considerable”, afirmó María Pacheco, de la clínica municipal de San Miguel.
En el municipio de San Miguel el registro oficial alcanzó 1,209 casos comprobados con la enfermedad. La doctora Pacheco afirmó que en las últimas semanas habían detectado un aumento de personas contagiadas.
Los incrementos de casos se están registrando a nivel nacional y se debe a que mucha más gente se ha volcado a las calles como si no hubiera una pandemia y quieren desarrollar su vida como antes.
En esas circunstancias el riesgo de contagios aumenta ante la falta de conciencia de la población y las decisiones políticas al retirarle al Ejecutivo las herramientas jurídicas para normar una cuarentena.