“En mi calidad de funcionario, estoy en la obligación de cumplir las sentencias emanadas de los tribunales”, afirmó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Noel Orellana.
Las declaraciones surgen un día después de que el también magistrado del TSE por el FMLN, Julio Olivo, dejara entrever que no acatará la decisión de la Sala en torno a habilitar la reelección del presidente Nayib Bukele.
En El Salvador existe legislación (desacato, desobediencia de particulares, entre otros) para sancionar a los ciudadanos que no acaten las órdenes judiciales, especialmente las que emanan de la Sala de lo Constitucional.
«Ni el Tribunal Supremo Electoral, ni las actuales autoridades o las anteriores han dejado de cumplir sentencias emanadas de los tribunales correspondientes y, en este caso, de la Sala de lo Constitucional», expuso el funcionario.
Orellana confirmó que no existe coacción contra el TSE de parte de nadie, y desmintió de esta forma a Olivo, integrante de un partido opositor al Gobierno.
«No me siento amenazado, me siento tranquilo porque estoy consciente que realizo un trabajo de acuerdo con lo que la Constitución mandata», apuntó.