Alrededor de 250 denuncias hechas al centro de llamadas del Ministerio de Educación en las últimas semanas por parte de padres de familia reclamando cobros indebidos en los gastos de graduación que han efectuado colegios y universidades privadas, han encendido las alarmas de dicho Ministerio, así lo informó la ministra de Educación Carla Hananía.
Los colegios privados y las universidades tienen independencia financiera y administrativa, dijo Carla Hananía, quien antes los múltiples reclamos de cobros indebidos, pidió mediación a la Defensoría del Consumidor, en vista de que se trata de una relación entre partes privadas.
Los esfuerzos de mediación por parte de la Defensoría del Consumidor por la vía del diálogo, han alcanzado acuerdos sumamente importantes en cuanto a las devoluciones monetarias que las instituciones privadas harán a los padres de familia de los graduados.
“Hago el llamado a todos los padres de familia, si consideran que están recibiendo cobros indebidos que se comuniquen al centro de llamadas del Ministerio o a la Defensoría del Consumidor para dar seguimiento a cada caso”, expresó la titular de Educación.
Hay un acuerdo alcanzado en cuanto a la cifra de dinero que las instituciones de educación devolverán a los estudiantes, la cual no será del cien por ciento de reintegro, sin embargo, es uno de los puntos acordados entre los representantes de ambas partes.
Mientras tanto, por motivos de seguridad y para evitar los contagios de COVID-19 el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Educación, suspendió todos los actos presenciales de graduación, así como fiestas en los niveles de bachillerato y universitario en instituciones públicas y privadas programadas para este año.
Los estudiantes se han amparado a su derecho de ser protegidos de cobros por servicios no prestados, tutelados por los artículos 4, literal b, y 18, literal m, de la Ley de Protección al Consumidor, debido a que la ceremonia de graduación no se desarrollará.
La Defensoría del Consumidor solicitó a una universidad en específico, el detalle del arancel de derechos de graduación, el listado de graduados que cancelaron dicho arancel, los mecanismos, medidas administrativas y financieras que se han proporcionado al colectivo.
Todos los proveedores de bienes y servicios tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Consumidor la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en caso contrario se comete una infracción muy grave que puede ser sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales en la industria.
Y referente a la finalización del año académico en las universidades privadas, la ministra de educación Carla Hananía informó que estas instituciones tienen la autonomía para decidir cuándo terminan sus clases, no es competencia del Ministerio de Educación.