El diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto, dijo esta mañana que tanto el fiscal general, Rodolfo Delgado, la procuradora General de la República, Miriam Geraldine Aldana, y el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dieron su visto bueno a la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal, para eliminar la prescripción de los delitos de corrupción.
«En términos generales podemos decir que ambos procuradores, al final llegaron a la conclusión de que las reformas que se están planteando, no solamente son constitucionales sino también son necesarias», afirmó en la Entrevista AM de Noticiero El Salvador.
Aldana y Tobar, fueron recibidos ayer en la comisión de legislación para conocer su postura sobre la reforma planteada.
«En una posición muy atinada y con mucho sustento jurídico la procuradora nos manifiesta que efectivamente no solo el tema de la prescripción tiene asidero legal constitucional, sino también lo tiene el tema de la retroactividad de la norma», explicó el diputado.
El legislador de la bancada cyan señaló que la retroactividad se basa en que la reforma puede catalogarse de orden pública porque la corrupción afecta a la colectividad en su conjunto.
«Los casos de corrupción afectan a la colectividad, es decir que cuando el erario público es tocado, no solo afecta al Estado como tal» sino que afecta por ejemplo a muchos niños a quienes no se les construyó su escuela por la corrupción.
Coto añadió que la reforma para volver imprescriptibles los delitos relacionados con la corrupción cuenta con apoyo de diversos sectores de la sociedad que han visto cómo la corrupción ha frenado el desarrollo del país y generado una sociedad desigual.