Uno de los sindicatos de la Corte Suprema de Justicia responsabilizó a los titulares de ese órgano de Estado por la muerte de más de 60 empleados judiciales a causa de una pasividad en la aplicación de medidas de bioseguridad contra el Covid-19.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITOJ), Roswal Saravia, denunció que los empleados judiciales y los usuarios, no cuentan con las garantías necesarias al ingresar a las diferentes instalaciones en todo el país.
Esa situación preocupa a los empleados y a las decenas de usuarios de las oficinas judiciales en todo El Salvador, señaló el líder sindical.
Dijo que a la fecha totalizan más de 60 defunciones de jueces y empleados de la Corte Suprema de Justicia, una cifra que podría incrementarse si los magistrados no inician de inmediato un plan adecuado y profesional de bioseguridad.
Para el caso, Solórzano se refirió específicamente al juez Mario Osmín Mira Montes, quien se desempeña como Juez Octavo de Instrucción de San Salvador, desde que el 20 de septiembre de 2016 la Corte Plena aprobó de forma ilegal y arbitraria una serie de traslados de jueces a solicitud del exfiscal General Douglas Meléndez y que fueron avaladas por una Comisión Evaluadora de la CSJ, encabezada por el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Edward Sidney Blanco. Antes de esa decisión, el juez Mira Montes, se desempeñaba como titular del Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango.
De acuerdo a una exempleada del Juzgado primero de Instrucción de Soyapango, que habló con este medio bajo solicitud de reserva de identidad por temor a las represalias, Mario Mira Montes, contaba con amplios señalamientos en el desempeño de ese tribunal, tanto por denuncias de usuarios ante la Sección de Investigación Judicial, como señalamientos ante distintas instancias por acoso laboral y sexual. Por lo que todos sus ex colaboradores se sorprendieron cuando fue nombrado para tomar un cargo judicial en la capital.
Sin embargo, pudieron descansar de sus conductas despóticas y en algunos casos hasta posiblemente corruptas.
Precisamente, el secretario de SITOJ, denunció públicamente al juez Mira Montes, por haber infringido las obligaciones de protección para su personal a cargo durante la Pandemia, a quienes sometió a una exagerada carga laboral, sin los controles de bioseguridad necesarios y sin respetar condiciones de personas que por su edad, o estado de salud eran más vulnerables. Es por este motivo que Solórzano tildó de delincuente a Mira Montes, por considerarlo responsable de la muerte de la exsecretara de Actuaciones del Tribunal, falleció por complicaciones derivadas de otros padecimientos agravados por el contagio del Covid-19.
Las acusaciones efectuadas por el Secretario General del SITOJ, coinciden con las efectuadas por los abogados de Enrique Rais, que durante el proceso penal del caso que la fiscalía denominó “Rais-Martínez” buscó que se designara a Mario Mira Montes, por ser un juez “a modo” encargado de mantener el proceso a pesar que este es nulo en su totalidad, por derivar de intervenciones que son ilícitas, no solo por haber sido utilizadas prácticamente 16 meses después de su finalización (la Ley de escuchas solamente permite su uso, hasta 6 meses posteriores a la terminación), sino porque fueron autorizadas sobre falsedades en las solicitudes presentadas por el exdirector del Centro de Escuchas, Sigfrido Campos Crespo y avaladas en “automático” por el Juez Séptimo de instrucción.
Además, el abogado Hernán Cortez, quien ejerce la defensa del procesado Héctor Francisco Grimaldi en el mismo caso, ha manifestado que el Juez Mira Montes, ocultó por casi 10 meses el dictamen de acusación, así como la información sobre qué juez autorizó el criterio de oportunidad para el testigo “sin rostro” clave “Troya”, mismo que también ha sido utilizado en otro proceso fraudulento montado por el exjefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en el que solamente le cambia el nombre a clave “Grecia”, siendo tan evidente el fraude que el criteriado se contradice en ambas declaraciones.
Saravia dijo que SITOJ está recolectando las denuncias e intensificarán las acciones de presión para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplan con su deber de proteger a los empleados judiciales.