El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, celebró la decisión de la Sala de lo Constitucional de reabrir el proceso por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989.

Para Argueta, los gobiernos anteriores  “nunca buscaron la justicia y la verdad, y en 30 años nadie hizo nada para llevar justicia”.

“A partir de los fallos de las anteriores salas de lo Constitucional, hubo pronunciamientos de la comunidad internacional y de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) para que no hubiera impunidad sobre este hecho”, reaccionó el funcionario.

Respecto a la comisión creada en la Asamblea Legislativa para dar seguimiento a este caso, Argueta explicó que trabajará para tutelar los derechos de las víctimas.