El periódico digital El Faro se encuentra una vez más en el ojo de la crítica pública, y es que el medio de comunicación virtual ha decidido interponer una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional debido a que el Ministerio de Hacienda les ha solicitado por medio de una auditoría, los libros de actas de Junta Directiva, ante lo cual el medio ha decidido no ceder la documentación.
La retórica argumentativa del medio digital es que el gobierno está sobrepasando las facultades de fiscalización del Estado y que tras la misma se esconden fines diferentes a los meramente recaudatorios, sin embargo, por ley las actas de Juntas Directivas de cualquier institución o empresa son escrutables, debido a que en ellas pueden encontrarse indicios de evasión ya que es a través de esta figura que se toman decisiones financieras importantes.
Luis Sanz, director del medio digital dic temer por la finalidad de la auditoría “Nuestros abogados y asesores tributarios temen que las solicitudes puedan ir dirigidas a afectar, de alguna manera, las operaciones del periódico o de las personas y organizaciones que sostienen nuestro funcionamiento”, aseguró el periodista. Sin embargo, la auditoría contra el medio inició en julio recién pasado y en la actualidad se mantiene un proceso continuado, El Ministerio de Hacienda ha sido enfático en declarar una ofensiva constante a los evasores.
El medio digital, ha caído en descrédito luego de acusar al gobierno de sostener negociaciones con grupos criminales con documentación falsa, instituciones como la Dirección de Centros Penales abrió las puertas de los reclusorios que tienen en resguardo a los miembros de pandillas a medios de comunicación nacionales e internacionales, para que los mismos corroboraran las condiciones sin beneficios bajo las cuales cumplen sentencia los miembros de dichas organizaciones.