El gobierno instó a través de un comunicado a los diputados de la Asamblea Legislativa a no usurpar las funciones institucionales de organismos como la Corte de Cuentas y Fiscalía General de la República a través de sus “Comisiones Especiales”, que de acuerdo con el órgano ejecutivo solo buscan el desgaste político de funcionarios de la actual gestión.
La comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos; señaló que, tras las instancias especiales creadas por los parlamentarios, se esconde la intención de debilitar el trabajo de la gestión en áreas como, salud, seguridad y manejo de recursos públicos; mismas que, resultan determinantes en este momento, la funcionaria demás hizo hincapié en que existe un afán político partidario por parte de los legisladores de cara a los comicios 2021.
“La impresión que como Gobierno tenemos es que en la Asamblea no dejan que la institucionalidad funcione, cada quien debe de hacer su trabajo, los diputados, con cada comisión que crean y en cada plenaria, parecen policías persiguiendo a los funcionarios, no debemos de seguir así, no es sano para el diálogo y el entendimiento que debería de existir entre los dos órganos del Estado”, señalo la comisionada Recinos.
La funcionaria instó a los parlamentarios a no asumir roles que no les corresponden, aunque a la vez dejó claro que no por ello se desatenderán los llamados que se hagan a los funcionarios desde el parlamento.
“El juego de ellos es perverso, no es pensando en el bien de la nación, quieren debilitarnos, pero seguiremos luchando contra el COVID-19 y dándole lo mejor a nuestra gente, aunque no nos aprueben ni un centavo. Si nos siguen llamando, seguiremos asistiendo, porque respetamos la institucionalidad y el Estado de derecho, no como ellos que juegan a ser jueces, magistrados, fiscales y hasta policías”, denunció la funcionaria.
Del mismo modo, se esclareció que hasta la fecha solo se han aprobado $607 millones de los $2,000 millones del techo presupuestario avalado por el mismo parlamento, por lo tanto, se considera invalido el argumento de que se ha brindado todos los recursos al Ejecutivo para sobrellevar la pandemia por COVID-19.