La Sala argumenta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) supuestamente no documentó la “moralidad notoria” de Araujo antes de inscribirlo. Sin embargo, ante el TSE figuran demandas sin resolver en contra de la candidata a diputada por el partido ARENA, Margarita Escobar, a pesar de haber sido señalada de recibir sobresueldos de los anteriores gobiernos.

La resolución de la Sala de lo Constitucional, que deja sin efecto la candidatura de Walter Araujo por el partido de Nuevas Ideas, sienta un precedente de “parcialidad jurídica”, aseguró el partido de Nuevas Ideas, al considerar que la Sala se pronuncia de forma selectiva, con lo que ha beneficiado incluso a exfuncionarios corruptos, como en el caso de Sigfrido Reyes, a quien le suspendieron el juicio de enriquecimiento ilícito por el que este huyó del país. Con eso, se abre la puerta a futuros abusos en materia jurídica en el país.

La Sala argumenta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) supuestamente no documentó la “moralidad notoria” de Araujo antes de inscribirlo. Sin embargo, ante el TSE figuran demandas sin resolver en contra de la candidata a diputada por el partido ARENA, Margarita Escobar, a pesar de haber sido señalada de recibir sobresueldos de los anteriores gobiernos.

Lo mismo pasa con Norman Quijano, también candidato de ARENA, quien tiene antecedentes de negociar con pandillas y Ernesto Muyshondt, candidato a alcalde del mismo partido, sobre el que pesan demandas por impago de salarios, impago a proveedores, despidos y una larga lista de despilfarro y manoseo de los impuestos que pagan puntualmente los capitalinos.

Otro caso es el del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, quien también tiene procesos judiciales en su contra por retenciones ilegales y despidos injustificados.

El TSE ha hecho caso omiso a todas esas demandas, observando únicamente la relacionada con Walter Araujo, bajo la cual la Sala decidió dejarlo fuera de la carrera electoral y además con una medida cautelar.

El partido Nuevas Ideas asegura que “la Sala está siendo manipulada”, al responder a los intereses de pequeños grupos, como ha sido evidenciado en el último año, al resolver también a favor evasores, al suspender el proceso de evasión fiscal que el Ministerio de Hacienda había iniciado contra la empresa INTRATEX, propiedad de la familia Simán.