La abogada y activista de derechos humanos, Silvia Bonilla, pidió a Luis Almagro su renuncia como secretario General de la OEA por contratar como asesor al exedil arenero Ernesto Muyshondt quien es procesado por negociar con grupos terroristas y apropiarse de retenciones laborales.
En una carta enviada a Almagro y la cual Bonilla hizo pública, la abogada calificó como “repugnante y humillante” que fue para ella y miles de salvadoreños “su aberrante actuación de contratar a Ernesto Muyshondt como asesor de la comisión que usted lidera”.
“El sujeto a quien usted ha pretendido proteger al darle tal nombramiento, no es más que un vil delincuente, que actúa con desproporcionada maldad de generales desmesuradamente conocidas, quien ha negociado con las pandillas, a estos últimos por ley denominados terroristas”.
La abogada le expresó a Luis Almagro que “su asesor se reunió en diferentes oportunidades para ´acomodar intereses entre ellos´, y para beneficiar al corrupto partido de Alianza Republicana Nacionalista ARENA” previo a las elecciones de años 2014.
“Todo ese actuar de este sujeto inescrupuloso y corrupto, fueron actos plenamente delictivos, porque reñían con la Ley, dichas reuniones fueron reconocidas públicamente por Ernesto Muyshondt en programas televisivos e incluso dijo no haberse arrepentido y que lo volvería a hacer, de ser necesario”, recordó Bonilla.
En la carta Bonilla también resaltó que estos actos delictivos de Muyshondt “le costaron sin duda alguna la vida, a muchas personas y llevó muchísimo dolor a miles de familias salvadoreñas”.
Ante esto y más denuncias contra el asesor arenero, “¡usted ya no merece ser el secretario General de la OEA! Y si tuviese un ostugo (una pizca) de vergüenza renunciaría inmediatamente a su cargo como Secretario General de la OEA “, agregó.
Muyshondt está detenido desde el viernes pasado por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública. Dicha detención ocurrió a la salida de los tribunales luego que la jueza de Instrucción de San Salvador ordenó arresto domiciliar y el uso de un dispositivo electrónico, mientras continúa su proceso por fraude electoral y por negociaciones ilícitas con grupos terroristas.