Salvadoreños en el exterior

El anuncio sobre el incremento histórico en el envío de remesas familiares hacia el país en octubre pasado, fue recibido con escepticismo por parte del binomio legislativo ARENA-FMLN, dos partidos que han bloqueado el financiamiento del Gobierno desde junio pasado.

El diputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, y el diputado de ARENA, Donato Vaquerano, dicen sospechar que los informes que ha compartido el Gobierno tienen la intención de distraer acerca de otros temas relacionados con la situación económica del país.

De acuerdo con los reportes del Banco Central de Reserva (BCR), la comunidad de salvadoreños en el exterior envió $571.5 millones en concepto de remesas familiares en octubre, un dato mensual que no se había registrado antes en el país. Además, ya estos envíos están recuperándose a los niveles previos a la pandemia.

Hándal, en un intento por restar mérito al informe técnico del BCR –que se publica todos los meses–, lo vinculó con la discusión del presupuesto 2021, a pesar de que no existe relación entre las remesas y el plan de gasto público. Luego, el diputado Vaquerano sacó a colación el FODES, en el mismo afán de desacreditar los reportes del Banco Central.

Sin embargo, ha sido el bloque conformado por partidos ARENA y el FMLN el que más ha dañado la situación fiscal del país, por el persistente retraso para autorizar el financiamiento. El proceso de ley obliga a que sea la Asamblea Legislativa la que apruebe los préstamos. Así, el Gobierno ha gestionado más de $1,010 millones en financiamiento y los diputados aún tienen secuestrados $620.5 millones de ese total.

Además de eso, los mismos diputados han restringido diferentes fuentes de ingreso como la renovación de placas, la cuota de los medios de comunicación, la modificación de ingresos para que los grandes contribuyentes paguen de manera proporcional, objeción a donaciones, entre otros.

Con los obstáculos que han colocado estos dos institutos políticos a la restitución de ingresos, el Gobierno mantiene una precaria situación fiscal que ha llevado a darle prioridad a Salud, Seguridad y Educación con los recursos disponibles.