El equipo jurídico de la Presidencia lanzó un llamado a los partidos políticos que componen la Asamblea Legislativa a dejar las críticas y unirse de una vez por todas al esfuerzo de los salvadoreños para derrotar unidos la pandemia del COVID-19, que tiene de rodillas al mundo entero y que pone a prueba nuestro sistema sanitario.

“Es bien fácil decir no, hasta el lunes reunámonos, cuando hay gente que ahorita está entre la vida y la muerte”, dijo el secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, en alusión al aumento de casos de COVID-19, lo que tiene al borde del colapso los hospitales del país.

Castro explicó que esa pasividad de los diputados obligó al Presidente Nayib Bukele, con base en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, a extender la declaratoria de Estado de Emergencia para contener el virus, algo que en ningún momento incluye la suspensión de garantías constitucionales.

“No podemos dejar al país sin una Ley de Emergencia, es la responsabilidad de este Gobierno, es la responsabilidad del Presidente Bukele el responderle al pueblo y no dejarlos tirados en este momento”, señaló Castro.

Por su parte el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro sostuvo: “nos encontramos con un informe que demuestra que nuestro sistema de salud está a punto de colapsar, ¿de qué sirve tener una Ley de Cuarentena si no existe una Ley de Emergencia para desarrollar todas las políticas contra el COVID-19?”. Castro destacó que esta decisión parte de una ley vigente desde 2005, cuando gobernaba el partido ARENA.

También el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, agregó que al no aprobar el decreto de Emergencia se caía en riesgo de no garantizar el derecho constitucional a la salud.

“Lo más seguro es que no se dieron cuenta los diputados de que se estaba violando el derecho de la salud y eso, ante cualquier evento, puede traer repercusiones hasta de índole penal”, subrayó Argueta.

Debido a esta situación, «si el Presidente no dictaba la emergencia se caía en una omisión, de lo cual la ley lo obliga y le faculta para dictar medidas para proteger la salud de todos los salvadoreños», agregó el asesor jurídico.