El secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, denunció la sistematización del robo de los impuestos, a través de los pagos ilegales entregados a exfuncionarios por medio de la desaparecida «partida secreta», durante el gobierno del ahora prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes.

Sanabria detalló que durante el gobierno de Funes, nacionalizado nicaragüense para evitar su deportación, se implementó una especie de escala de pagos ilegales a partir del cumplimiento de ciertos parámetros de parte de los funcionarios, de tal forma que existían tres clasificaciones.

«El prófugo Mauricio Funes definió un mecanismo de tres categorías de sobresueldos. La más osada era de entre $10,000 y $15,000, luego seguía la de $5,000 y por último la de entre $2,500 y $3,000. Todo libre de impuestos, al margen de la ley, un derroche total de recursos», afirmó el secretario de Prensa.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), funcionarios como el exministro de Hacienda, el exvicepresidente de la República en la gestión de Funes, Salvador Sánchez Cerén, y el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Guillermo López Suárez, recibieron pagos ilegales que sumaron más de medio millón de dólares.

Por otra parte, exfuncionarios como los exministros Gerson Martínez, de Obras Públicas, y Carlos Cáceres, de Hacienda, asícomo el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía, obtuvieron pagos al margen de la ley superiores a los $200 mil

La tercera categoría de beneficiados con fondos de la partida secreta durante la administración Funes incluyó a exfuncionarios como la exministra de Salud, Violeta Menjívar, el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, y la exvicemistra de Educación, Erlinda Hándal, que recibieron montos cercanos a los $200 mil

Tanto Sánchez Cerén como López Suárez, Gerson Martínez y la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, son prófugos de la justicia y la FGR ha pedido la orden de captura internacional para que respondan por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.