En el plan de gastos destinado al ramo de Justicia y Seguridad Pública, el Ejecutivo había preparado un plan de inversión pública por $57.1 millones, que incluía $10.5 millones para múltiples mejoras en las diferentes dependencias, como la Policía Nacional Civil.
Sin embargo, durante la sesión plenaria que se extendió hasta la madrugada del 24 de diciembre, el bloque opositor recortó $9.6 millones a la partida propuesta para inversión en infraestructura policial. Esta es una de las mayores deudas con los agentes desde que se creó esta institución.
Los legisladores quitaron respaldo financiero para seis proyectos. Eran la
construcción de dos delegaciones de la Policía en Ahuachapán y La Unión, más un Policlínico en San Salvador. Además, quedaron sin apoyo las adaptaciones y el equipamiento del edificio central de la PNC, el de Desarrollo Integral y de los
Centros Integrales de Seguridad Turística a escala nacional.
Otro de los recortes son los $4.8 millones que se suprimieron para una diversidad
de obras para apoyar a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Esto limita las oportunidades para los jóvenes que buscan prestar su servicio a la población como policía o agentes privados.