La sentencia sumerge al hermano país centroamericano, en un Estado de impunidad.
La Corte Constitucional de Guatemala declaró inconstitucional el encarcelamiento de personas acusadas de corrupción.
Este hecho agudiza la ya convulsionada situación de esa nación. Desde hace tiempo, la sociedad civil ha llevado a cabo multitudinarias protestas, exigiendo la destitución del Presidente Alejandro Giammattei, y de la Fiscal General de la República, María Consuelo Porras, quienes están involucrados en casos de corrupción.
Al mandatario se le critica su falta de políticas públicas en beneficio de la población, así como su pésima gestión de la pandemia de Covid-19, que mantiene el país como uno de los afectados de la región, con el sistema hospitalario colapsado, y con un precario plan nacional de vacunación, al grado que existen personas que no pueden completar el esquema de inmunización, debido a la carencia de segundas dosis.
Por si fuera poco, en julio de este año, el fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval fue removido de su cargo por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
Especialistas consideran que los graves atentados contra la transparencia no son hechos aislados, sino más bien sucesos concatenados, que persiguen que los corruptos se libren de la justicia.
