A diferencia de como lo ha hecho con distintas dependencias del Gobierno, la Corte de Cuentas de República no ha iniciado ninguna investigación sobre las plazas entregadas a personas que no se presentan a trabajar en la Asamblea o a activistas de los diversos partidos políticos en ese órgano estatal.
Esta no es una práctica nueva, como lo ha dejado ver el sindicato de la Asamblea. Los sindicalistas aseguraron que, luego de las elecciones del pasado 28 de febrero, varios empleados comenzaron a acercarse a esa asociación para conseguir protección cuando ingrese la nueva legislatura.
La Corte de Cuentas, no obstante, no se ha pronunciado al respecto. Resulta curioso, además, que es la Asamblea la que debe auditar las finanzas de la Corte de Cuentas, pero solo lo ha hecho siete veces desde que la institución fue creada, en 1939.
No obstante, la Corte de Cuentas sí ha iniciado sendas investigaciones contra instituciones estatales por el manejo de fondos en el contexto de la pandemia, lo mismo que ha hecho la Asamblea con las comisiones especiales que ha creado.
El sindicato de la Asamblea confirmó que el 50 % de las plazas en el legislativo son de personas que no trabajan y solo legan a cobrar. Asimismo, sostuvo que hay diputados que usan fondos del estado para contratar empleados domésticos.