De acuerdo a Valiente, una de las prácticas corruptas en la Asamblea es contratar a miembros del partido en la planilla de la Asamblea, pero que no cumplen con el trabajo legislativo para el que se les contrató, sino que es una forma de retribuir o pagar de otra manera la labor partidaria.

El exdiputado de Arena, Juan Valiente, y ahora presidente del partido Nuestro Tiempo, reconoció que el instituto político de ultraderecha al que perteneció, así como otros partidos con representación en la Asamblea Legislativa, pagan con fondos públicos a miembros de sus partidos.

“Los partidos políticos han ido poco a poco trasladando el costo de la organización (del instituto político) a los ciudadanos a través de la planilla de la Asamblea Legislativa. El fiscal debe investigar quiénes tienen plazas en el partido y quiénes son de la planilla de la Asamblea”, dijo el ex arenero.

De acuerdo a Valiente, una de las prácticas corruptas en la Asamblea es contratar a miembros del partido en la planilla de la Asamblea, pero que no cumplen con el trabajo legislativo para el que se les contrató, sino que es una forma de retribuir o pagar de otra manera la labor partidaria de miembros como, por ejemplo, de directores departamentales, entre otros. “Hacen trabajo del partido, pero con financiamiento de la Asamblea, con fondos públicos”, recalcó.

El exdiputado de Arena también confirmó que otra de las prácticas que se sigue dando en el Congreso es el cobro de comisión de parte de diputados a sus empleados.

“Se dan prácticas incluso peores (que las plazas fantasmas) de diputados que contratan y cobran un porcentaje de sus salarios a los empleados. A mí me consta porque hay personas afectadas que me han dicho de esa situación. Los diputados ponen la excusa de que tienen muchos gastos”, aseguró.

Esta semana el sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) denunció que de las 2,400 plazas que paga el Congreso, 1,200 serían plazas fantasmas, entre ellos, empleados que están en la casa o negocios de los diputados prestando un servicio doméstico, pero pagados con el dinero de los salvadoreños pues forman parte de la planilla del Legislativo.

Ante las denuncias, la Corte de Cuentas de la República, ente contralor responsable de velar por la transparencia del uso de los fondos públicos, guarda silencio.