El Fiscal General de la República, Raúl Melara, manifestó este día por medio de una entrevista televisiva (Noticiero Hechos), que no existen elementos suficientes para tipificar como delito los sucesos acaecidos el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa.
El 9 de febrero el presidente Bukele, había solicitado a los diputados del parlamento que sesionaran para aprobar los fondos operativos del Plan Control Territorial, no obstante, el llamado no fue atendido por los parlamentarios; ante la negativa, el mandatario se apersono al Salón Azul para solicitar personalmente que se aprobará el financiamiento. A partir de ese momento la oposición política en el Órgano Legislativo personificado en las fracciones mayoritarias (ARENA y FMLN) acusaron la acción como un golpe de estado.
De esta manera, la oposición ha decidido interpelar al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, así como al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, además han declarado públicamente que existe la intención de destituir de sus cargos a los funcionarios, como contraparte, la FGR ha señalado que no hay pruebas para la tipificación de un delito y que lo que si hay es un encuentro de percepciones.
Se deja entrever en la interpelación del ministro Merino Monroy, la clara intención de sabotaje al Ejecutivo por medio de la destitución de funcionarios, parece ser que cuanto más se acerca el 2021, más se intensifica la deslegitimización de las iniciativas propuestas por el gobierno central, ante esta inminente destitución del funcionario, elementos del movimiento social han hecho un llamamiento a apoyar el día de mañana a los funcionarios de gobierno.