El exalcalde de Arena por San Salvador, Ernesto Muyshondt, insiste en que los problemas que enfrenta con la justicia no son más que una persecución política dirigida por el Gobierno; sin embargo, evidencias en manos del Sistema Judicial descartan tal aseveración.
En una serie de grabaciones obtenidas por las autoridades durante investigaciones contra el exalcalde, éstas han descubierto las gestiones de Muyshondt con líderes de pandillas.
Los diálogos llegaron al ofrecimiento de concesiones: «Lleguemos a un acuerdo…¿con qué frecuencia quieren que nos reunamos?, porque, digamos, podemos hablar paja, pero es de ir viendo, instalando todo, a nosotros nos interesa sacar adelante al país, pero la inseguridad como esta, van a seguir teniendo problemas…», se escucha decirle Muyshondt a su interlocutor, aparentemente.
En la negociación mafiosa Muyshondt también se ofrece como interlocutor de la empresa privada y le dice al pandillero que se lo dejen en sus manos y en las de su partido, esas gestiones.
«Quien tiene acercamiento con la empresa privada somos nosotros, necesitamos también que la empresa privada se flexibilice para ustedes», le dice el exalcalde al pandillero, en una expresión que puede dar pie a muchas interpretaciones, como el apoyo económico voluntario o forzado.
Muyshondt recalca en su encuentro con los presuntos pandilleros la aparente disposición de su partido de aumentar las relaciones con esos grupos delincuenciales.
«Tenemos la voluntad, estamos con la gente haciendo números, haciendo cosas, de reunirnos más con ellos, ahí me van a ayudar a monitorear eso», propone el exjefe de comuna al pandillero.
En las últimas semanas y ante su captura por defraudación al fisco, Muyshondt se presenta como un «perseguido político», pero en un primer caso de apropiación de cuotas laborales en una empresa familiar, reconoció el delito y cancelación la deuda, más la multa e intereses por 50,600 dólares.
Este lunes, el exjefe edilicio arenero no pudo responder económicamente a otro caso de impago de cuotas laborales a trabajadores de la alcaldía de San Salvador, por lo que fue enviado a prisión preventiva mientras el insiste en que ha sido encarcelado por una decisión política.