Al modificar la asignación presupuestaria de los $250 millones brindados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19, los diputados atropellarían la Constitución y caerían en la ilegalidad.
Primeramente, de acuerdo a la ley, el Ministerio de Hacienda es la única institución gubernamental autorizada para crear, modificar o eliminar presupuestos, y no la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, según el dictamen firmado por el primer Órgano del Estado, de los $75 millones del BID, las municipalidades únicamente están facultadas para utilizar el 30% de esos fondos, por lo que no se les puede asignar el 100% de lo solicitado.
Por su parte, el Presidente Nayib Bukele emitió su opinión en torno a la decisión de los legisladores de hacer “modificaciones en las asignaciones presupuestarias”.
«Quieren secuestrar los fondos de FOMILENIO II, a cambio de que les demos $75 millones más, para sus alcaldías. Eso es: 1. Inconstitucional: Ya que los diputados no pueden hacer sus propias asignaciones presupuestarias, como si ahora también fueran el Ministerio de Hacienda. Y…», condenó Bukele.
En esa misma línea, agregó: » 2. Ilegal: Ya que las alcaldías sólo pueden recibir el 30% de los fondos (de acuerdo al mismo dictamen que ellos aprobaron). Y no el 100%, ni ningún otro porcentaje mayor al 30%. Su propuesta es inconstitucional e ilegal, y este servidor no podría ser parte de eso».