A comienzos del mes de junio la Sala de lo Constitucional emitió una resolución de Hábeas Corpus que volvía inconstitucionales los cierres focalizados. Ayer viernes la Secretaría de Prensa de la Presidencia reveló, mediante una publicación en redes sociales, que la última propuesta de la Asamblea Legislativa y de la fracción de ARENA, que plantea la aprobación de cercos sanitarios locales y focalizados para frenar la propagación del COVID-19 incumpliría dicha resolución.
«La última propuesta de la Asamblea Legislativa y de la fracción de ARENA, que plantea la aprobación de cercos sanitarios locales y focalizados para enfrentar el COVID-19, iría contra una resolución de Hábeas Corpus de la Sala de lo Constitucional», apuntó la Secretaría.
El plan presentado por el congreso lleva de forma intrínseca el desconocimiento del Ministerio de Salud como el ente rector de la salud en El Salvador. En su lugar le otorga a las municipalidades atribuciones que no les competen. Las alcaldías no están facultadas para diseñar, ni mucho menos ejecutar protocolos sanitarios sin la participación de esta cartera de Estado.
Cabe destacar que cuando la pandemia del nuevo coronavirus estaba en sus primeras etapas el oficialismo implementó este tipo de medidas en municipios como Metapán y el Puerto de La Libertad. En aquel momento los parlamentarios, junto con el Fiscal General de la República, Raúl Melara y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tóbar alegaron que esos protocolos supuestamente violentaban los derechos de la ciudadanía. Como es habitual, la Sala de Lo Constitucional le dio la razón a los detractores del Gobierno. Curiosamente, ahora que los contagios y muertes por COVID-19 se han disparado y los cierres focalizados ya no son suficientemente efectivos para aplanar la curva de contagios, la Asamblea Legislativa propone su implementación y ni el Fiscal ni el Procurador dicen que dichas disposiciones atropellan los derechos fundamantales de la población, como habían aducido cuando la misma medida fue aplicada por el Ejecutivo.
