El polémico decreto legislativo, que pretendía manejar la situación de emergencia sanitaria en el país, sigue en estudio a pesar de la notable alza de casos por COVID-19.
A causa de la controversia entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa a raíz del decreto 661, en el que se propone abrir de golpe la economía, incluyendo el transporte público y que carecía de las herramientas jurídicas necesarias para el correcto combate de la emergencia sanitaria.
Se da ésta extensión en los plazos, debido a que el artículo 138 de la Constitución de la República establece que tanto la Presidencia de la República como la Asamblea Legislativa tienen 10 días hábiles para dar sus argumentos acerca de la inconstitucionalidad o no del decreto.
Adicional a ese plazo, el tribunal de justicia tiene 15 días hábiles, a más tardar, para poder establecer si el proyecto de ley cumple o no los preceptos constitucionales.