La tregua entre las dos principales pandillas salvadoreñas, con la que se buscó disminuir el índice de homicidios entre ellos, en 2012, fue una política pública que nació en el seno del gabinete de seguridad del expresidente Mauricio Funes, según confirmó su mismo ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés.
El pacto entre los grupos criminales, apadrinado por Funes, solo llevó más luto a las familias salvadoreños, de acuerdo con los datos de la misma Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre junio de 2012 y 2014 (periodo de la tregua), fueron asesinados 10 mil salvadoreños, aproximadamente, y centenares fueron desaparecidos. En 2015, con Salvador Sánchez Cerén de presidente de la república también por el Fmln, fueron registradas más de 6 mil 500 personas asesinadas por los grupos que Estados Unidos y España calificaron de “terroristas”.
Sin embargo, ningún diplomático acreditado en El Salvador, ni ningún gobierno de la comunidad internacional se pronunció ante el atroz pacto criminal de las pandillas promovido por el gobierno de Funes.
Tampoco la que fue embajadora de los Estados Unidos en El Salvador de junio de 2012 a diciembre 2015 (en su segundo periodo diplomático), Mari Carmen Aponte, interfirió en la política pública de Funes -con quien se reunía- que causaba miles de pérdidas de vidas de trabajadores, jóvenes y niños salvadoreños.
Consultada por los medios de comunicación, la diplomática dijo “respetar la opinión del presidente salvadoreño Mauricio Funes”, quien dijo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos “ha sobredimensionado” el poder económico de la MS-13, al ponerla en el mismo nivel de grandes carteles del narcotráfico, como los Zetas de México.
«El señor presidente tiene derecho a su opinión y la respetamos, lo que sí puedo decirles es que el proceso de la designación de la pandilla (involucró a) por lo menos tres departamentos: el departamento de Justicia, Seguridad Interior y el departamento del Tesoro con todas sus agencias», expresó Aponte. Y eso fue todo. No hubo llamado a sancionar al gobierno de Funes, no hubos amenazas, ni “se escucharon rumores”, como los que hoy dice escuchar.
El padre de la tregua, como se le conoce a Munguía Payés, declaró a la FGR que entre los implicados en “el pacto» figuran el excomandante guerrillero Raúl Mijango, el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda; Benito Lara; el sacerdote Antonio Rodríguez («Toño»); el editorialista y jefe de El Diario de Hoy, el alemán Paolo Lüers, entre otros.
Máxima distinción de la Asamblea Legislativa liderada por Lorena Peña
La presidenta de la Asamblea Legislativa, diputada efemelenista Lorena Peña Mendoza, destacó la actitud proactiva y “respetuosa de la soberanía nacional” que mostró la embajadora Aponte en el ejercicio de cargo. Por lo que le otorgaron la máxima distinción honorífica en octubre 2021, año de la tregua.
Ese mismo Fmln, junto con su socio Arena, aplauden ahora la interferencia a la política interna de Aponte, quien sin sustentar ningún cargo en la administración de Biden, se atreve a hablar en nombre de Estados Unidos.
