La petición de los defensores de Reyes para ponerle fin a la demanda civil en su contra por enriquecimiento ilícito fue denegada. La Cámara de lo civil programó la audiencia preparatoria para el 28 de octubre.
La Cámara de lo Civil de San Salvador denegó la pretensión de los defensores del ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, prófugo de la justicia, y su familia de ponerle fin a la demanda civil en su contra por enriquecimiento ilícito.
“Valoraron el poco sustento legal de los argumentos y tras conocer el fundamento desarrollado por la Fiscalía, resolvieron declarar sin lugar las pretensiones de los defensores y avalaron la continuidad del caso en dicha Cámara”, señala la Fiscalía General.
En ese sentido, la Cámara programó la audiencia preparatoria para el 28 de octubre próximo. La Fiscalía y la defensa tendrán que aportar las pruebas de cargo y descargo que tendrán que ser analizadas.
Ello significa un revés para la defensa de Reyes, que había pedido esta mañana a la Cámara Segunda de lo Civil que declarara improponible la demanda en su contra por enriquecimiento ilícito junto a su esposa, y su hijo.
El fiscal del caso aseguró que el Ministerio Público ha cumplido con los requisitos que señala la ley para sustentar la demanda en contra de Reyes y su familia.
“Como Fiscalía tenemos la legitimación porque la Ley de Enriquecimiento Ilícito establece claramente que es al Fiscal General que se le notifica para venir a promover este proceso. Los señores demandados también tienen legitimación, porque él (Reyes) es un funcionario público de los que regula la ley y está en la obligación de presentar su declaración desde el momento que inicia su período hasta cuando concluya”, dijo el fiscal.
Reyes fue demandado por enriquecimiento ilícito por $ 459, 714, cuando fungió como diputado y como presidente de la Asamblea Legislativa en los períodos de 2006 a 2015.
Además del prófugo, también son acusados, su esposa, Susy Melba Rodríguez y su hijo Luis Damián Reyes. A éstos últimos, la Fiscalía pide que devuelvan $13,000 al Estado.