El empresario cafetalero José Antonio Salaverría hizo alusión a una publicación en el portal web del banco Davivienda en una entrevista televisiva y se refirió a la misma como atrevida ya que la misma podría poner en entredicho la credibilidad del sistema de justicia salvadoreño.
La alusión de Salaverría obedece a los estados financieros del Banco auditados al 30 de junio de 2020 y en el cual se hace referencia a un proceso de embargo a favor de él, luego de haber ganado un proceso judicial extenso.
Puede leerse en la publicación citada: “Por el momento IJASAL ha iniciado el trámite normal de ejecución de la sentencia del 13 de junio de 2019 de la Sala de lo Civil, procediendo al diligenciamiento del embargo. Sin embargo, una vez que se admita la demanda de amparo presentada por el Banco y suspendidos los efectos de la sentencia impugnada, el trámite de ejecución será detenido”.
Salaverría señaló la publicación como “un engaño” dirigido a usuarios, acreedores, deudores, reguladores, clasificadoras de riesgo e inversionistas, debido a que sustenta su situación financiera frente a terceros en un hecho incierto.
El empresario cafetalero señaló que dicha publicación, “atenta contra la institucionalidad del país”, puesto que da por sentado el resultado de su apelación con tanta seguridad que pone en entredicho el sistema judicial del país, debido a que adelantan una resolución judicial antes de que incluso las mismas autoridades hayan determinado la misma.
El equipo de abogados del empresario advirtió: “Al Órgano Judicial, les hacemos un llamado, a no dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país”.
Se detalló que, en la actualidad el proceso de embargo se encuentra en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, se analiza un recurso de revisión de la sentencia que ordena al Juzgado 1o de lo Mercantil ejecute el fallo y que la institución bancaria pague a Salaverría $49 millones en concepto de daños y perjuicios por dar por terminado unilateralmente un crédito suscrito con el empresario y con ello cerrar un proceso legal de 12 años de duración.