A lo largo de los últimos meses la Sala de lo Constitucional a través de sus sentencias ha reducido las potestades y facultades ampliadas de gobierno para enfrentar la pandemia de covid-19, ante esta situación, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, señaló que, a pesar de las inconstitucionalidades sobre los decretos ejecutivos, sigue vigente el Código de Salud que no ha sido abordado por en las resoluciones del tribunal.
“La Sala ya se pronunció sobre nuestros decretos, pero el Código de Salud sigue siendo constitucional, hay muchos artículos que confirman que el Ministerio de Salud es el garante y el responsable de enfrentar una pandemia, ahí se establecer regulaciones y limitaciones de derechos y es la única instancia que incluso tiene, por Constitución, la obligación de defender la salud y a la vida”, recalcó el Secretario Jurídico Conan Castro.
Así mismo, argumento que el Código de Salud “va más allá de otras regulaciones”, por lo que se convierte en una línea de batalla para el gobierno ya que, toda ley vigente se presume de legalidad y constitucionalidad.
“Hasta hoy ningún artículo del Código ha sido declarado inconstitucional, por eso es aplicable, es derecho positivo. El artículo 58 del Código de Salud señala que es el Ministerio de Salud el garante y responsable de afrontar de este tipo de situaciones, como una emergencia de salud, como una pandemia”, aseguró el funcionario.
El Decreto Ejecutivo 32 fue vetado por la Sala de lo Constitucional por considerar que coarta las libertades de movilidad y desplazamiento de las personas, es por ello que el gobierno del presidente Nayib Bukele decide ampararse al Código de Salud como principal instrumento legal en la lucha contra el covid-19. De acuerdo con el Secretario Jurídico de la Presidencia, el Código de Salud es una normativa apegada al derecho y a la constitución y de acuerdo con el artículo 65 del mismo, sostiene que es un bien público y una obligación del Estado, con máximo énfasis en el actual contexto de pandemia por lo que no debería de representar un contratiempo para la Sala de lo Constitucional.