En Estados Unidos, el Pentágono autorizó que más de 1,000 militares del servicio activo apoyen el plan de vacunación contra el COVID-19, mientras, en El Salvador, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una normativa que impide que los miembros de la Fuerza Armada y la Policía participen en la entrega de paquetes alimentarios.
Los diputados han establecido que «se prohíbe hacer proselitismo con la entrega de paquetes utilizando a las instituciones públicas como la Policía y el Ejército», de no hacerlo, han dicho, habrá sanciones.
Sin embargo, tanto los diputados como los magistrados de la Sala de lo Constitucional han despojado de todas las herramientas al Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19, por lo que todas las acciones en beneficio de la población se han ejecutado gracias al manejo eficiente de los fondos del Gobierno y del apoyo de todas las instituciones gubernamentales.
La oposición ha confrontado con el Gobierno desde el inicio de la gestión, criticando y bloqueando todas las iniciativas que han salido desde el Ejecutivo para enfrentar la pandemia.
Los diputados consideran que el Gobierno “no puede hacer uso de las instituciones para hacer distribución de beneficios”, cuando el país sigue en emergencia y ellos les han negado todos los recursos necesarios para salvaguardar la vida de la población.
En otros países, las medidas de restricción como las que sugirió el Gobierno al inicio de la pandemia, se están implementado ante el alza de casos, mientras que en el país, no hay ninguna restricción que contribuya a la baja de casos activos.