Funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele verificaron la mañana de este miércoles operativos a nivel nacional para el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19 en el transporte público.

Los controles de parte de agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil y delegados del Viceministerio de Transporte se realizaron en diferentes puntos del país.

El viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, la viceministra de Operaciones del Ministerio de Salud, Karla Díaz, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y el viceministro de Transporte, Saúl Castelar cumplieron con la misión de verificar el proceso.

El ministro Rodríguez advirtió que el Gobierno aplicará sanciones a los transportistas que no acaten la ley. «Constantemente estamos monitoreando y a quienes no acaten la ley, ponemos una infracción de tránsito, y de continuar la falta, les quitaremos la compensación», apuntó el funcionario.

Rodríguez detalló que el objetivo es proteger la salud de los usuarios y operarios de las unidades a través del cumplimiento de las medidas como el uso obligatorio de mascarilla, alcohol gel y distanciamiento social.

El Viceministro de Transporte, Saúl Castelar, dijo que los operativos también buscan evitar las aglomeraciones en las unidades.

Estas medidas forman parte del exitoso plan de salud del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que ha logrado contener la pandemia, contrario a otros países que enfrentar hasta una tercera ola de contagios.

Estos operativos se han incrementado luego que la Asamblea Legislativa aprobó ayer un decreto de “Disposiciones Especiales de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos y Privados”, propuesto por el Presidente Bukele, y que tendrá una vigencia de 90 días a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.

Dicho decreto no contempla cierres comerciales ni de clases presenciales. Con esta iniciativa se suspenden los actos públicos o privados con alta concentración de personas como conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público y festejos patronales.

El decreto también establece sancionados con 100 salarios mínimos e incluso procesos legales contra alcaldes que no cumplir con dicho decreto.