El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) inició un proceso sancionatorio contra el exfiscal de general de la República, Raúl Melara Morán, por utilizar recursos de la institución para actividades privadas.
La denuncia fue presentada por la oenegé TRACODA que logró demostrar que Melara Morán usó recursos del Estado para hacer actividades que tenía que hacerse por profesionales en derecho ajenos a la Fiscalía General de la República (FGR).
El TEG considera que el exfiscal general cometió una presunta violación a la Ley de Ética.
De acuerdo a la denuncia, el 16 de octubre del año 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició un proceso administrativo sancionatorio (NUE 13-D-2020) en contra del Fiscal General, por presuntamente haberse negado a cumplir una orden de entregar información pedida por un integrante de TRACODA; en el documento en que se inició el proceso, el denunciado fue advertido que, en caso de ser encontrado responsable, la multa tendría que ser pagada con fondos de su propio patrimonio y no de la Fiscalía General de la República (FGR).
A pesar de lo anterior, el Fiscal Melara, presuntamente, designó a dos agentes auxiliares para que ejercieran como defensoras técnicas dentro del proceso, lo cual implica, a juicio de TRACODA, que se utilizaron recursos públicos para atender asuntos que conciernen únicamente a intereses particulares y no los fines institucionales de la FGR.
Según consta en la resolución de acceso a la información 376-UAIP-FGR-2020, emitida por la oficial de información de la Fiscalía General de la República, se reconoce que Maricely Elisa Esquivel de Pereira y Susy Lisette Rivera Chávez son empleadas de dicha institución; entonces, a partir de ello, se concluye que Raúl Melara Morán incumplió el deber ético contemplado en el literal a del artículo 5 de la LEG consistente en utilizar los recursos públicos únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales.