El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, desestimó versiones malintencionadas de la oposición política y reiteró que el aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero “siempre es del Estado salvadoreño y lo va a seguir siendo”.
Anliker reaccionó así a la presentación ante la Asamblea Legislativa del primer proyecto asocio público privado con el cual el Gobierno del Presidente Nayib Bukele busca modernizar y ampliar el aeropuerto Internacional.
“El proyecto en sí no es de todo el aeropuerto es el asocio público privado es exclusivamente de la terminal aérea de carga”, explicó Anliker en la Entrevista AM del canal 10.
El funcionario aclaró a la población “que este es el primer asocio público privado en la historia del país. La ley ya tiene más de ocho años que está solo en papeles, pero nunca se había podido concretizar un asocio público privado”.
“Un asocio público privado para empezar no es una privatización, es un contrato entre un privado y un ente público, o sea en este caso CEPA en el cual el diseño, el financiamiento, la construcción, la ampliación, el equipamiento, el mantenimiento y la operación de la zona de carga se la estamos dando a un privado, pero el activo siempre le pertenece al Estado”, enfatizó Anliker.
Reiteró que “la soberanía y la autoridad también recae sobre el Estado, porque nosotros como CEPA vamos a ser los administradores del contrato, la Autoridad de Aviación Civil va a ser el ente regulador para que existan todas las garantías y todos los mecanismos plasmados dentro de las bases de este asocio público privado para que en efecto se vayan cumpliendo y no vayan a haber abusos”.
“Son mecanismos innovadores, mecanismos técnicos y jurídicos en el cual van a venir a potenciar y atraer inversión al país, y sobre todo también para generar empleos dignos y de calidad”, señaló el titular de CEPA.
El proyecto se ejecutará en dos fases: La primera contempla que en un plazo de 15 años se eleve de 26 mil a 52 mil toneladas métricas la capacidad operativa de la terminal de carga.
La segunda etapa incluye la construcción de otra nueva terminal de carga con una inversión de $49 millones y una capacidad instalada de hasta 73 mil toneladas métricas.
El novedoso proyecto de decreto está en manos de la comisión de economía de la Asamblea Legislativa, que iniciará esta semana su discusión.