La declaración de la auditora se remonta a la demanda que José Antonio Salaverría presentó en septiembre del 2020 y en la cual pide se investigue a dicho banco por el delito de falsedad ideológica que realizaron algunos directivos de DAVIVIENDA que avalaron el estado financiero.

Luis Mario Pérez Bennett, apoderado legal del empresario José Antonio Salaverría, confirmó este jueves que una de las auditoras del banco DAVIVIENDA declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR), con relación al balance financiero que dicha institución bancaria publicó en diferentes rotativos en junio del 2020 y en el mismo se insertaron cifras no verdaderas a los accionistas, clientes y ahorrantes.

A medios de prensa, el profesional en derecho explicó que la declaración de la auditora se remonta a la demanda que Salaverría presentó el 23 de septiembre del 2020 y en la cual pide al Ministerio Público que investigue a dicho banco por el delito de falsedad ideológica que realizaron algunos directivos de DAVIVIENDA que avalaron el estado financiero.

“El banco DAVIVIENDA en ese informe insertó datos que eran completamente falsos y que no correspondía con la realidad, por lo que denunciamos a algunos miembros de la junta directiva que firmaron ese estado financiero”, afirmó Pérez Bennett, al tiempo que recalcó omitieron revisar todos los datos y no lo hicieron.

Se dijo que ese documento también fue presentado a la Superintendencia del Sistema Financiero.

Desde el 2009 José Antonio Salaverría inició un juicio civil y mercantil contra DAVIVIENDA antes HSBC, luego que de forma fraudulenta la financiera HSBC le embargara algunas propiedades por el no pago de una cuota de un préstamo que el demandante adquirió para invertir en beneficios de café.

Tras el largo litigio de 12 años, todas las instancias judiciales e incluso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han determinado que Salaverría fue víctima del banco y que por ello deben de pagarle en concepto de indemnización de 49 millones 314 mil 303 dólares, de los cuales solo ha abonado $8 millones al demandante.

“Como todos los bancos, DAVIVIENDA cuando un salvadoreño pasa un día o dos sin pagar la tarjeta de crédito lo empiezan a amenazar de embargo y ese tipo de cosas, ellos llevan casi dos años en mora, de no pagar una sentencia donde fueron condenados. Llevan casi 20 meses de no pagar… ellos están en mora”, dijo el abogado de José Antonio Salaverría.

Recientemente la Sala de lo Constitucional determino no ha lugar un recurso que los abogados de DAVIVIENDA presentaron para evitar el pago de más de 49.3 millones de dólares, y en la misma resolución se hace ver que el banco debe pagar lo adeudado a Salaverría.

José Antonio Salaverría explicó en su oportunidad que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.

“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.

“Nos quebraron totalmente”

“Había suscrito un convenio con HSBC hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó el cafetalero.

“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia y que se le pague los más de 49 millones de dólares.

Por varios años el banco Davivienda trató de dilatar el caso y de utilizar todo tipo de argucias para evitar hacer ese desembolso.