Irrespetando las leyes y la soberanía de El Salvador, Davivienda ya lleva más de 600 días en mora con el empresario cafetalero.
Esta mañana, el reconocido empresario cafetalero, José Antonio Salaverría se apersonó a la Corte Suprema de Justicia, en compañía de sus abogados, para interponer una querella contra los apoderados legales del banco Davivienda, Humberto Sáenz Marinero y Mario Enrique Sáenz.
La financiera colombiana ya lleva más de 600 días en mora con el empresario cafetalero, Don Antonio Salaverría; incurriendo en desacato, al desobedecer la sentencia de la Sala de lo CIvil, que le ordenó pagar a Salaverría la suma de $49,314,303.55.
Dicha penalidad fue impuesta debido a que el entonces banco Salvadoreño, propiedad de HSBC, hizo un embargo de los bienes de Don Antonio Salaverría, de una forma injusta y a todas luces ilegal; dejándolo no solo en bancarrota, sino también ocasionándole “la muerte civil”, ya que no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, y se vio obligado a vender varias propiedades para salir adelante con sus empresas.
“Había suscrito un convenio con HSBC, hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, aseguró el cafetalero.
Asimismo, lamentó: «nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”.
De igual manera, explicó: «de manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2,009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”.
Pese a todo lo anterior, los apoderados legales del banco han interpuesto una serie de recursos para dilatar el caso en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mismos que han sido rechazados por carecer de fundamento y porque ya se agotaron todos los recursos.
Aunque recientemente la financiera colombiana publicó un comunicado en medios escritos y redes sociales, en el que aseveraba acatar el dictamen de la Sala de lo Constitucional de pagar los más de 49.3 millones de dólares, sus apoderados legales (del bufete Sáenz y Asociados) pretenden llevar al Estado Salvadoreño a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por un presunto retraso de justicia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aún sabiendo que lo planteado no procede, porque la Sala emitió una sentencia conforme a los plazos establecidos por la Ley.
En su oportunidad José Antonio Salaverría señaló la doble moral que existe en este caso, dado que Davivienda no paga lo que ha ordenado la Sala de lo Civil, pero si uno de sus clientes cae en mora, «al tercer día lo están amenazando que lo van a despojar de sus bienes».
Don Antonio Salaverría ha tenido que esperar alrededor de 12 años por que se haga justicia, a pesar de que el banco Davivienda ha hecho todo lo posible por no pagarle, a través de toda clase de artimañas.
