El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), quien ayer renunció de su cargo en esa institución al rechazar el traslado que le propuso el nuevo fiscal Rodolfo Delgado, fue denunciado en 2019 por omisión de investigación en el extravío de 52 armas de fuego, de las bodegas fiscales en la ciudad de San Miguel.
El abogado Luis Zepeda puso la denuncia contra Arriaza, en ese entonces jefe de la Unidad de Investigación Especializada de la FGR y a quien señaló de posible omisión de la investigación al no profundizar en las pesquisas para descubrir a los autores del extravío de ese lote de armas.
Según el abogado denunciante, el extravío de esas armas, así como de dinero y drogas decomisadas en distintos hechos y que eran resguardadas como evidencia de diferentes delitos cometidos, ocurrió cuando Arriaza fungía como director de la FGR en la zona oriental durante las administraciones de los fiscales generales Luis Martínez y Douglas Meléndez.
En su denuncia contra Arriaza, presentada a la FGR, Zepeda señaló que todos esos extravíos ocurrieron, sin que el máximo responsable de la zona desarrollara indagaciones suficientes ni pertinentes para dar con los responsables de esa sustracción y con el agravante de que muchas de esas armas, como pistolas y escopetas terminaron en manos de estructuras de pandillas y otros grupos criminales.
Al exfiscal Arriaza también se le atribuye haber abandonado la investigación del caso Mossack Fonseca, la firma panameña dedicada a la creación de empresas fachada utilizadas para el lavado de dinero o la evasión de impuestos y en la cual estaban involucrados varios personajes de la vida política y económica del país, como el expresidente Mauricio Funes y su esposa Ada Mitchell Guzmán.
De acuerdo con investigaciones, esa firma panameña tenía registrados a 33 clientes salvadoreños que crearon 220 compañías irregulares radicadas en ese país. Entre estas compañías también había offshores vinculadas a Adolfo «Fito» Salume, fundador del partido Democracia Salvadoreña.
A pesar de los fuertes señalamientos contra Arriaza, el exfiscal general, Raúl Melara, no quiso investigarlo y, por el contrario, lo premió con la jefatura de la Unidad Anticorrupción, un puesto que le permitió estar por encima del resto de agentes fiscales.
En el lote extraviado había dos fusiles Galil, propiedad de la Policía Nacional Civil; 11,500 dólares, de los que una parte era de decomisos a pandillas y otra correspondía a entregas controladas en casos de extorsión. A la fecha, solo se sabe de un arma recuperada.