Javier Simán ocupó a sus “conocidos” para evitar pagar impuestos por $5 millones de una de sus empresas, según las versiones de fuentes internas de la Corte Suprema de Justicia.
Primero se conoció que la secretaria de la Sala de lo Constitucional habría llevado la petición “personalmente” a los magistrados que fueron destituidos por la nueva Asamblea Legislativa.
Luego, se confirmó que el juez Juan Antonio Durán Ramírez, junto con la jueza Marta Lidia Peraza, detuvieron el proceso contra Simán en la Cámara Tercera de lo Penal, y decretaron sobreseimiento definitivo, en junio pasado, en favor de la Sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V., empresa de la familia Simán.
El fallo se dio luego que el abogado de la empresa presentó un recurso de apelación; sin embargo, aunque solo pedía que revocaran medidas cautelares que habían sido impuestas en audiencia inicial, el juez “Tony” Durán lo benefició con el sobreseimiento y no permitió que el caso pasara a fase de instrucción.
Con la acción, se perjudicó las arcas del Estado y se dejó de percibir millones que servirían para obras sociales en favor de las grandes mayorías.
La actuación de los miembros de dicha Cámara tiene otros antecedentes. En el caso de El Chaparral, Durán se negó a materializar el embargo solicitado por el Gobierno, a través de la CEL en calidad querellante, por la suma de $228 millones en contra de la empresa Italiana ASTALDI.
Coincidentemente, Tony Durán es uno de los jueces más críticos del gobierno de Nayib Bukele, y lo manifiesta en sus redes sociales, en donde dice “estar de lado de la legalidad” y condena la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, de la misma forma que lo hace Anep -que comanda Simán y Fusades -que comanda otro Simán.
En Facebook se muestra defensor de su “padrino” el ex magistrado Carlos Sánchez, y dijo que lo sucedido el 1 de mayo en la nueva Asamblea Legislativa era un “golpe de Estado salvadoreño”. Al mismo tiempo dio a entender que estará listo para condenar las acciones de Bukele.
“No es primer embate que sufre la judicatura salvadoreña, ni será el último. El poder usa todas las formas posibles por doblegar a la Justicia. No lo lograrán”, escribió en la red social.
“Esos tuits del Presidente tergiversando las decisiones de la SalaCn, dan pena. Y no se preocupen, solo hay que tener paciencia, la Justicia tarda pero no olvida” , escribió.
En octubre 2020, la abogada Tania Ávalos intepuso denuncia penal por la presunta comisión del delito de “PREVARICATO” (Resolver deliberada o negligentemente contrario a la ley) contra el Juez Durán Ramírez, quien actualmente se encuentra ejerciendo indefinidamente como Magistrado Interino de la Cámara 3ª de lo Penal de San Salvador. El hecho principal de la denuncia se encuentra en la resolución dictada por ese Tribunal, en el incidente de apelación referencia 131-2020, en el que se absuelve de toda responsabilidad penal, al representante legal de la Sociedad INTRATEX, S.A. DE C.V., respecto del delito de evasión de impuestos.