Este sábado, el activista guatemalteco Frank Stalyn Ramazzini, opositor al presidente Alejandro Giammattei, fue asesinado a balazos en un ataque armado, que dejó otras tres personas fallecidas en una discoteca de la capital, de acuerdo con una denuncia del ombusdman Jordán Rodas.
Ante este hecho, como otras graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Honduras, Guatemala y Colombia, la comunidad internacional y organizaciones presuntamente financiadas por la oposición salvadoreña guardan total silencio, pero sí se atreven a llamar “dictador” al Presidente salvadoreño (democráticamente electo), Nayib Bukele.
Rodas informó que Ramazzini trabajaba por los derechos laborales de los policías nacionales y guardias del sistema de centros penitenciarios de la nación. Asimismo, la prensa local afirma que también denunciaba corrupción en el gobierno, sobre todo en el Ministerio del Interior.
“Recomiendo al Ministerio de Gobernación (Interior) y Ministerio Público (Fiscalía) investigar los hechos y deducir responsabilidades”, expresó Rodas.
La Fiscalía declaró en un comunicado que efectuaba las investigaciones y que trabajaba arduamente en el esclarecimiento de los acontecimientos.
Tras participar en una manifestación para exigir mejores condiciones laborales para los policías, Ramazzini sobrevivió a un atentado, en julio de 2018.
Por su parte, la exfiscal general Thelma Aldana (2,014-2,018), asilada en Estados Unidos, no dudó en culpar al oficialismo del homicidio. “Acaban de asesinar en Guatemala a Frank Ramazzini, joven activista y periodista independiente. El responsable es el Gobierno. Sus mensajes quedarán en nuestra memoria, no lo callaron, algún día tendremos el país que el soñó”, aseveró.
Según un informe de la oenegé Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), los ataques contra activistas sociales se han incrementado desde 2,020.
“El primer año del gobierno del Dr. Alejandro Giammattei ha representado el más fuerte y profundo incremento de agresiones a personas defensoras de derechos humanos”, denunció la organización al comparar las últimas siete gestiones presidenciales.
El año pasado, las agresiones contra defensores de derechos humanos en ese país alcanzaron la inusitada cifra histórica de 1,055 hechos, entre ellos 17 asesinatos, detalló la entidad.
Irónicamente, la comunidad internacional y oenegés, que se presume, son financiadas por la oposición salvadoreña (como Human Rights Watch), quienes permanentemente critican y señalan al Presidente Bukele de ser dictador, no pronuncian una sola palabra para condenar los terribles atentados contra los derechos humanos, cometidos por tiranías como las de Guatemala, Honduras y Colombia.
En realidad, el mandatario Bukele ha sido elegido democráticamente por el pueblo salvadoreño, y nunca ha atentado contra el estado de derecho, incluso a pesar de ser víctima de una persecución política.
El jefe de Estado salvadoreño ha impulsado múltiples políticas para favorecer a la población salvadoreña. Analistas opinan que la oligarquía no está de acuerdo con las mismas, pues interfieren con sus actos de corrupción y maximización de ganancias, y que por eso ha orquestado una persecución política contra él, que incluye una amplia gama de participantes (como partidos políticos, pseudotanques de pensamiento y medios de comunicación).