Tras repasar los retos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios, ponemos el foco en el conjunto de la sociedad.
«Estoy convencido de que jamás ciudad alguna, al menos no de semejante magnitud e importancia, fue sorprendida por una calamidad tan atroz en condiciones de desprevención tan absoluta». Estas palabras de Daniel Defoe sobre la peste de Londres en 1665 se aplican a la perfección a nuestro tiempo. Para poder afrontar otras amenazas análogas en el futuro, es imprescindible que nuestras sociedades estén preparadas para dar respuesta a los siguientes desafíos.
1.- Para combatir la pandemia en el futuro urge desarrollar vacunas para evitar contagios, y tratamientos para curar a los que se infecten. Pero los tiempos de la investigación no coinciden con la necesidad de remedios. Dos razones justifican esos tiempos más dilatados: el deber de garantizar los derechos de los sujetos de la investigación; y la exigencia de certidumbre acerca de la seguridad y efectividad de los productos obtenidos. Pero mientras mantenemos esos plazos mueren personas a las que podríamos haber intentado salvar con tratamientos menos seguros. Tenemos el deber de decidir el nivel de riesgo que queremos asumir a cambio de acelerar los procesos de obtención de tratamientos y vacunas.
2.- La desigualdad en la protección frente a la pandemia. La capacidad de respuesta efectiva de los países frente a la pandemia es enormemente dispar. Mientras que algunos estados cuentan con sistemas de salud bien dotados y organizados, capaces de garantizar a su población unos niveles aceptables de protección y asistencia, en otros solo existe una cobertura sanitaria insuficiente para afrontar graves amenazas sanitarias. Si aceptamos que las pandemias son un desafío global, esta desigualdad deberá ser objeto de una atención global prioritaria.
3.- La necesidad de contener el avance de la pandemia puede exigir la limitación de algunos derechos fundamentales. Esa limitación se sustenta en una serie de evidencias científicas y en su impacto sobre la salud pública y la de los individuos. Existen dos parámetros para evaluar la constitucionalidad de las decisiones restrictivas de los derechos en situaciones de emergencia. En primer lugar, esas medidas se adoptan para combatir circunstancias de excepción y, en consecuencia, el retorno al plano disfrute de los derechos debe ser inmediato en cuanto aquellas desaparezcan. En segundo lugar, la restricción de derechos tiene que ajustarse estrictamente al principio de proporcionalidad, que se concreta en tres exigencias: idoneidad de la medida para alcanzar el fin perseguido; ausencia de alternativas menos gravosas que la decisión adoptada; y un mayor peso de los beneficios que se esperan conseguir que de los daños que se van a causar.